Construcción de la destrucción

LOS EXTRANJEROS sufrimos grandes dificultades a la hora de alquilar un lugar de residencia. Los precios inflados, las comisiones de generación espontánea, los regalitos, avales y garantías que hay que pagar, encarecen el arriendo de manera insospechada. Nuestros anfitriones sufren el mismo problema.

Si hay algo que no ha podido ser derrotado, en pos de la igualdad de toda la gente; a favor de lo uniforme y homogéneo de la clase media japonesa, es la especulación inmobiliaria. Nadie parece preguntarse cómo en un país desarrollado una casa cuesta alrededor de diez veces el valor del ingreso anual de la población. En otras palabras, si una familia japonesa percibe unos 50.000 dólares anuales, un departamento puede costar fácilmente 500.000 dólares. Estas cifras son, lejos, las más infladas del mundo. A modo de comparación, una vivienda en París, suele no costar más de cuatro veces el ingreso anual.

La ciudad extranjera más cara en términos del poder adquisitivo necesario para comprar una vivienda es Londres, donde se necesitan seis salarios anuales. Con todo, Tokio la doblega. Son necesarios doce sueldos anuales para adquirir una vivienda en la capital nipona.

Sólo la mitad de la poblacion japonesa vive en casa propia. Las estadísticas de dominio continúan pegadas desde los años setenta, sobre todo las de las grandes urbes. Sin embargo, las que se han disparado de manera evidente son las de arrendamiento. La cantidad de viviendas en arriendo es igual o mayor que la cantidad de viviendas en las que su propietario vive en ellas. En otras palabras, los recursos están disponibles, pero el Estado ha preferido el florecimiento de una economía de servicio en el area habitacional, promoviendo la especulación inmobiliaria y cargando el peso de su desarrollo en la gente. No es posible que el numero de propietarios no haya subido sustancialmente desde los años setenta, considerando que en los ochenta este país vivió su mejor bonanza.

Esa mitad de la población gasta entre un cuarto y un tercio de su salario en asegurar un lugar de residencia. El negocio es redondo para los inversionistas en este dinámico sector de la economía nipona.

El escándalo de las hipotecarias (Jusen) no hace más que demostrar que la especulación inmobiliaria y la corrupción son tan fuertes en este país que casi provocan la desestabilización del sistema financiero. Paradojalmente, el dinero que se ha usado para detener el hundimiento completo de las hipotecarias, proviene de aquellos a quienes se nos carga el peso del desarrollo de dichas entidades financieras. Por ponerlo de otro modo, las vacas, que no pueden adquirir su tatami (piso de estera) de pradera, compran el pasto para que luego las ordeñen.

Hay que tener cuidado cuando se dice que este fenómeno se produce porque Japón carece de recursos (tierra, metales, madera, etc). Los recursos están; es la política estatal la que no ha impulsado el desarrollo de un mercado inmobiliario transparente y orientado a solucionar definitivamente el problema habitacional.

Para los que están de paso por este país podría ser que estos guarismos y argumentos no tuvieran ningun sentido. Pareciera no importar que el poder adquisitivo del dinero japonés esté muy por debajo de EEUU y Alemania. Tampoco sería preocupante constatar que la mitad de la población nunca ha tenido la esperanza de adquirir una vivienda propia. Sin embargo, para los que se quedan, y para los mismos japoneses, estos escollos constituirán los grandes problemas de los próximos veinte años, cuando el empleo vitalicio y el fondo nacional de pensiones terminen por colapsar; y el envejecimiento de la población obligue a una subida aun más considerable del I.V.A. y los impuestos a la renta. Si esto sucede en forma masiva (ya ocurre con bastantes personas a punto de jubilar que estan convencidos de que serán insolventes en un período de cinco años), el peso que tendrá que asumir la nueva fuerza laboral será insoportable.

Con todo, el gobierno no se muestra decidido a cambiar su política de vivienda; y es que el círculo del sector inmobiliario, comprendido por las firmas constructoras, las financieras e hipotecarias, incorpora a los partidos políticos, los que reciben suculentas donaciones (y sobornos) a cambio de la aprobación de proyectos de construcción o el apoyo fiscal en momentos de crisis.

Osaka, 1996