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Tokio pasa una ley de expropiaciones que discrimina a la provincia:
La batalla de Okinawa aún no se ha perdido
EL FANTASMA de la Batalla de Okinawa viene penando a los habitantes de esas paradisiacas islas subtropicales del Pacífico desde hace más de cinco décadas, cuando los hombres del general Douglas MacArthur desembarcaron por primera vez en 1945.
Frente de batalla, carne civil de cañón durante la Segunda Guerra Mundial; cabeza de playa de la ocupación estadounidense y base militar de posguerra, Okinawa no ha cambiado mucho desde que Washington decidió cedérsela a Tokio en 1972: aún alberga a más de la mitad de los 47 mil soldados norteamericanos desplegados en el país y concentra el 75% de las instalaciones militares que vigilan la paz de Extremo Oriente.
Estados Unidos ni quiere reducir el número de efectivos ni desea deshacerse de instalaciones clave -como la base aérea de Kadena, la más avanzada del Mundo- que ocupan el 20% del territorio provincial y que le permiten dar estabilidad a una zona de grandes dimensiones geográficas y económicas en que los conflictos pueden reverdecer de forma inesperada.
El primer ministro Ryutaro Hashimoto tampoco quiso comprometer la viabilidad del Tratado de Seguridad Nipón-Estadounidense, pilar de las relaciones bilaterales y uno de los últimos vestigios de la Guerra Fría: sumó fuerzas, negoció satisfactoriamente con la oposición -lo que significa nuevos enroques de partidos y alianzas políticas- y consiguió anteayer (jueves) la aprobación de una ley de expropiación que permite al Gobierno central controlar los terrenos de Okinawa para fines militares. Sin la aprobación extraordinaria de esta legislación, los contratos de alquiler habrían expirado el próximo 14 de mayo y habrían hecho posible, desde ese instante, la reclamación de terrenos por parte de sus titulares privados.
Los cerca de tres mil propietarios que se han organizado desde hace más de una década con el fin de reclamar la devolución de sus posesiones y el desalojo de las bases suman sólo el 0,2% de las tierras en disputa y representan el 10% de los dueños de los terrenos utilizados con fines militares. Hay una mayoría silenciosa de 29.400 terratenientes que firmaba sin miramiento los contratos de alquiler con el Gobierno provincial. Por ello, la abrumadora respuesta legal de Hashimoto parece desmesurada.
Sin embargo, los temores del Gobierno central se fundan en una historia provincial de movilizaciones sociales opuestas a las bases, tales como la manifestación de 85 mil okiwanenses en octubre de 1995, el referéndum del 8 de septiembre del año pasado; escándalos como la violación de una menor por parte infantes de marina estadounidenses y, por sobre todo, el pulso que el gobernador de Okinawa, Masahide Ota, ha mantenido con Tokio. Ota se negó hace dos años a firmar los contratos de alquiler, lo que desencadenó una serie de batallas jurídicas que sólo acabaron cuando los jueces de la Corte Suprema fallaron a favor del Gobierno de Tokio en agosto del año pasado.
Lugar en que ocurrió el desembarco de Okinawa. © A.E. Okinawa. © A.E. Okinawa. © A.E. Okinawa. © A.E.
Para los opositores, la Batalla de Okinawa no se ha perdido aún. El mismo día en
que el 80% de la Cámara Alta votó a favor del proyecto de Hashimoto, una asociación de
abogados provinciales formulaba una queja oficial al Parlamento por lo que consideran la
promulgación de una medida inconstitucional. De acuerdo con el artículo 95 de la Carta
Fundamental, herencia paradójica de la ocupación estadounidense, "una ley especial,
aplicable sólo a una entidad pública local no puede ser promulgada por la Dieta sin el
consentimiento de la mayoría de los votantes de la entidad local a la que afecte,
obtenido con apego a la ley". La legislación, según ellos, es discriminatoria, pues
usurpa el poder del Gobierno provincial, única entidad competente, según la
constitución, para contratar terrenos bajo su jurisdicción.
Por otra parte, un grupo de manifestantes que lograron entrar en el Parlamento y que se localizaron en los palcos de la sala plenaria, comenzaron a desplegar lienzos y a gritar consignas en contra de las medidas legislativas. Las fuerzas de seguridad actuaron pronto y desalojaron a los exaltados, mientras los políticos aún atónitos, intentaban concentrarse en el protocolo.
Fuera del Parlamento, cientos de okiwanenses, en su mayoría propietarios de ese 0,2% de los terrenos utilizados por doce bases militares, apoyados por grupos civiles, marchaban por las calles sosteniendo lienzos inscritos con lemas que propugnaban el retiro de las tropas estadounidenses y el fin de las actividades militares en la zona.
En Okinawa, en tanto, el gobernador provincial, Masuhide Ota, declaró, después del cierre de la Asamblea en Tokio, que la ley "discrimina a la gente de Okinawa y viola el derecho constitucional a la propiedad". Una encuesta telefónica reciente del diario japonés Asahi, confirma las apreciaciones del Gobernador: sobre un número de 1.225 consultados y 846 respuestas válidas, el 61% de la población de Okinawa rechaza la promulgación de la ley. Un 40% considera que la medida es discriminatoria y el 80% apoya al jefe provincial.
Osaka, 18 de abril de 1997