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Yang Mi-kang, secretaria general del Consejo Coreano de
Mujeres Sometidas a la Esclavitud Sexual por el Ejército Japonés:
“Al Gobierno de Kim Dae Jung no le interesa que Japón pague por sus crímenes.”
Jang Mi-kang protesta delante de la embajada de Japón en Seúl. © A.E.
SEUL.- Decenas de coreanos se reunieron enfrente de la Embajada de Japón en la capital de Corea, el miércoles pasado, para protestar en contra de la negativa del Gobierno nipón a ofrecer disculpas y reparación oficiales a las ex esclavas sexuales que fueron reclutadas para servir como prostitutas en los burdeles del Ejército imperial durante la II Guerra Mundial.
Siete ex esclavas sexuales participaron en la manifestación, tal como lo han venido haciendo desde hace 324 semanas consecutivas, apoyadas por asociaciones y grupos en favor de los derechos humanos, especialmente aquellos que se oponen a la práctica de la esclavitud y el sometimiento de minorías.
“Vengo aquí para protestar por los años de maltratos, violencia y sujeción que sufrí en los burdeles militares”, declara Moon Pil-gi, una ex esclava sexual nacida en la provincia de Kyongsang en 1925, y que tras ser engañada, comenzó a los 18 años a servir como prostituta en una estación japonesa en Manchuria.
La anciana, que luce mejores condiciones de salud que sus pares, se palpa las piernas: “No hay mantas que puedan quitarme el frío que padecí en Manchuria, o el dolor de huesos. Nadie puede quitarme esta marca que tatuaron los japoneses en mi hombro para señalar mi condición de esclava. Por eso vengo aquí a demandar una disculpa oficial”.
Al igual que otras doscientas mil mujeres de toda Asia que
sirvieron en los burdeles militares japoneses, Moon Pil-gi fue forzada a mantener
relaciones sexuales con diez hombres por día, y los fines de semana con cincuenta o
sesenta soldados; aunque hay testimonios de esclavas obligadas a prostituirse hasta con
ochenta hombres diarios.
Kim Eun-rae, a la derecha, acompañada por otra ex esclava sexual, escucha a uno de los oradores de la protesta. © A.E.
Moon recuerda que una noche soñó que había vuelto al burdel. Un
sudor frío le manaba de las sienes, mientras era violada por los soldados y escuchaba los
gritos de los que esperaban su turno fuera del cubículo con una cédula militar en una
mano y el sable en la otra. Cuando despertó se encontraba en el balcón, tomada
fuertemente de la baranda y mirando al vacío.
La secretaria general del Consejo Coreano de Mujeres Sometidas a la Esclavitud Sexual por Ejército Japonés, Yang Mi-kang, cree que el sólo hecho de que estas mujeres testimonien sus experiencias es una especie de terapia: “Cuando abrimos hace ya una década una línea de atención telefónica pudimos compilar 60 testimonios. Hasta esa fecha no había muchos datos de lo que habían padecido exactamente estas mujeres. En 1993 el Gobierno estableció una oficina de consulta y comenzó a recoger las deposiciones. Se registraron unos 120 casos”.
Pese a que el Gobierno de Seúl tomó el relevo en 1992, el Consejo Coreano ha continuado trabajando en busca de una reparación moral y una compensación económica a las ex esclavas. Yang cree que el Gobierno no quiere que este tema afecte las relaciones bilaterales con Japón y sospecha que la posición de Kim Dae Jung se ha visto debilitada a raíz de la crisis económica. “Aunque la línea del Gobierno coreano aparece como dura y opuesta a Japón, Seúl en todos estos años nunca ha exigido a Tokio una reparación oficial”, añade Yang.
Yang asegura que el Consejo Coreano es el organismo que estuvo detrás de la promulgación en 1993 de una ley extraordinaria que otorgó a las ex esclavas sexuales una pensión mensual y solucionó en parte sus problemas de vivienda. Las mujeres vivían en la más completa marginalidad económica.
La policía coreana protege el acceso de la Embajada japonesa en Seúl. © A.E.
La validez de los testimonios y la gravedad de estas violaciones a los derechos humanos fueron refrendados a través de un informe preparado y presentado en 1995 por una relatora especial de la ONU, Radhika Coomaraswamy, quien recomendó al Gobierno japonés que reconociera y aceptara la existencia del sistema de esclavitud sexual en los burdeles militares y que asumiera su responsabilidad legal. Además, el informe sugiere que Japón revele toda la documentación relevante, identifique y castigue a los responsables y ofrezca disculpas y compensaciones oficiales a las víctimas.
Sin embargo, el Gobierno de Tokio no ha seguido las recomendaciones de la ONU. Esta semana el recién nombrado ministro de Agricultura del nuevo Gobierno de Obuchi, Shoichi Nakagawa, se enfrascó en la polémica de turno al declarar que dudaba de la existencia de las esclavas sexuales, aunque más tarde tuvo que retractarse públicamente de sus comentarios para no manchar la imagen internacional del nuevo Gabinete.
El Consejo debió hacer frente a la creación en 1995 del Fondo para las Mujeres Asiáticas, una iniciativa privada japonesa que, según Yang, era parte de una estrategia nipona para silenciar a las mujeres y evitar así que el Gobierno de Tokio tuviera que ofrecer una reparación oficial. Para Yang, el desafío no fue fácil de superar: “El Fondo dispone, sólo para Coreas, de más de 5 millones de dólares. Para contrarrestarlo, el Consejo Coreano desarrolló una campaña de recaudación de dinero. En la primera fase logramos recolectar más de 430 mil dólares; en la segunda, 484 mil dólares, pero la crisis económica coreana impidió que pudiéramos cumplir nuestra meta”.
El dinero recaudado ha sido distribuido a las ex esclavas sexuales que rechazaron la ayuda económica del Fondo japonés. Estas, como Kim Eun-rae, que acude cada miércoles a la delegación japonesa en Seúl para protestar, necesitan urgentemente asistencia médica y vivienda digna. “Mi espalda fue destrozada por los militares japoneses. No puedo quedarme de brazos cruzados y guardar el secreto de las atrocidades de las que fui víctima”, reclama Kim.
Yang dice que treinta mujeres coreanas han muerto en los últimos ocho años y hasta mayo de 1998 había 152 supervivientes registradas, por lo que el Consejo Coreano ha presionado al Gobierno para que imite a su homólogo taiwanés y les ofrezca asistencia urgente: “En Taiwán, el Gobierno indemnizó a las víctimas y luego le envió la factura a Tokio. Lamentablemente, el Gobierno de Kim Dae Jung empezó a indemnizar a estas víctimas de la esclavitud militar, pero no contempla exigirle a Japón una reparación oficial. Cree simplemente que es un asunto de dinero”.
Mientras tanto, en Japón se libra una batalla legal de proporciones. En abril de este año, el Tribunal del Distrito de Yamaguchi ordenó al Gobierno compensar a tres ex esclavas sexuales y recomendó que se legislara una ley de indemnización oficial para este tipo de crímenes. Tokio ha apelado la sentencia y el caso se acerca a su fase cúlmine.
La defensa del Gobierno se ha basado en que Japón ya compensó a
las víctimas de la Guerra, según se establece en los tratados internacionales y en la
capitulación que suscribió tras la derrota. Sin embargo, la ofensiva jurídica de las ex
esclavas sexuales considera que en los tratados no se tipificó la esclavitud sexual, por
lo tanto la reclamación de las víctimas es legítima. No obstante, la sentencia puede
interpretarse de manera diferente si los tribunales consideran que Corea en aquella época
era una colonia japonesa, legalmente instituida como tal, o que la colonización fue
ilegal. Según la primera interpretación, el caso queda dentro de la jurisdicción
japonesa; según la segunda, las víctimas podrían recurrir a la Corte Internacional, al
tratarse de un conflicto que involucra a dos naciones soberanas.
Las ex esclavas sexuales están sentadas en el suelo, de espaldas al lienzo. © A.E.
En el Tribunal del Distrito de Tokio, la ex esclava sexual Song
Siin-do exige premura al juez. La anciana es una de las coreanas que tras ser sometida a
la esclavitud en los burdeles militares en China llegó a Japón una vez acabada la guerra
y ha residido allí desde entonces. “Exijo una respuesta a mis demandas lo antes
posible”, grita Song al juez, “estoy cansada de venir aquí”.
Song nació en la provincia coreana de Chung-chong en 1992 y pasó siete años de su vida en los burdeles. Se muestra enérgica, pese a apoyarse en un bastón al caminar. “Esta es la undécima vez que vengo a Tokio a los tribunales; estoy harta de este proceso eterno que comenzó hace cinco o seis años”, comentó el 10 de julio a la salida de los tribunales.
La mujer lleva la marca de la esclavitud en el hombro y sobre una de las costillas la cicatriz de una herida de sable. Debe usar un audífono en su oído derecho, debido a los golpes que asestaron repetidamente los soldados japoneses en su cabeza. “Sólo quiero que los japoneses me den una disculpa pública. No me interesa el dinero. ¿Qué se puede hacer con el dinero a esta edad?”, interpela.
Song dio a luz a dos niños mientras servía en las estaciones militares. Los dio en adopción. Luego perdió a otros dos y en una oportunidad intentó suicidarse saltando de un tren en movimiento. Como las demás esclavas sexuales, debió atender a veces a más de cincuenta o sesenta soldados al día: “Trabajaba de siete de la mañana a nueve de la noche. Hubo oportunidades en las que atendía a setenta hombres. Si me resistía, me golpeaban o me herían con sus espadones. Algunos me decían que me querían, que nos suicidáramos juntos, pero nunca acepté. Muchas compañeras aceptaron y murieron. Yo quería vivir.”.
En una escena superior en brutalidad al drama de Dorffman, “La muerte y la doncella”, Song cuenta que en una junta de vecinos unos ex soldados japoneses reconocieron el tatuaje de su brazo, se acercaron y le dijeron que los testimonios de las ex esclavas eran falsos y que de seguro su vagina era tan grande como un balde. “La ira me carcomió viva. No mostraban ni una pizca de compasión. Nada. Me dieron ganas de matarles. Nunca olvidaré esas palabras”, señaló la mujer.
Cientos de ex esclavas sexuales en Indonesia, Taiwán, China, las dos Coreas y Japón, esperan escuchar las disculpas oficiales del Gobierno japonés y recibir una reparación moral antes de morir. Para algunas mujeres, las asociaciones en defensa de sus derechos, como el Consejo Coreano, han servido para sacar a la luz pública un pasado horroroso que habían depositado, sin éxito, en lo más profundo de la memoria.
La secretaria general del Consejo Coreano reconoce que estas campañas han hecho que las mujeres se unan y vuelvan a tener una vida social activa. La peor afrenta que sufrieron fue el haber sido rechazadas por sus propias familias; estigmatizadas ya no por el hierro ardiente de los soldados, sino por la ignorancia y el desdén de sus propios compatriotas; castigadas, muchas veces, a vivir una vida de solteras, por considerárseles promiscuas, o porque las enfermedades venereas y mentales que contrajeron les impidieron llevar una vida normal.
Yang Mi-kang confía en que el Consejo Coreano y otras organizaciones similares de toda Asia abrirán una corte internacional que juzque a los criminales, tal como debería ocurrir con los maltratos sufridos por mujeres en Algeria, Ruanda y Yugoslavia. Con ese fin en mente, tienen programada una reunión internacional en Tokio el año 2000. “Hay que hacer justicia”, acaba diciendo.
Seúl, 6 de agosto de 1998