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Los japoneses luchan contra su cultura:
Japón contra la burocracia japonesa
LA MUERTE o asesinato de unos cuatrocientos hemofílicos en Japón pone nuevamente a la burocracia gubernamental de esta nación oriental en tela de juicio. En un país al que se le ha enseñado a escuchar, más que a hablar, cualquier levantamiento de voz contrario a los grandes designios y esfuerzos nacionales es considerado una violación de las convenciones culturales; una acción que no corresponde con la tradición y la cultura de la autoabnegación y el sacrificio. Sin embargo, las quejas que se vienen escuchando contra "el Sistema", desde hace más de una década, han dejado de parecer extemporáneas. La ciudadanía ha comenzado a organizarse para ejercer su derecho a participar en política; cosa pública que hasta hace unos años era un campo totalmente desestimado e ignorado por el común de la gente.
Algunas comunidades de japoneses, pero por sobre todo las víctimas de los abusos, han comenzado a encontrar caminos que las lleven a enfrentarse con una estructura acéfala, en la que las responsabilidades nunca están claras o los principios y valores con los que opera son incuestionables. La burocracia nipona tiende, de manera inherente, a evitar la concentración del poder en una sola persona; prefiere silenciar a los medios de comunicación, a través de intrincados mecanismos, cuyo control detenta por medio de las redes que su propia oligarquía extiende sobre las agencias de publicidad. Otra de sus características más destacadas es el auspicio de la complicidad tribal; la búsqueda sobreentendida de la armonía colectiva, disfrazada de rasgo cultural, y la eliminación pacífica de la disidencia.
Por otro lado, el conflicto entre la provincia de Okinawa y el
Gobierno de Tokio ha abandonado la mesa de negociaciones y se ha instalado en la Corte
Suprema, poniendo al Ejecutivo en el banquillo de los acusados, ya no del tribunal
supremo, sino más bien del ojo inquisidor de la población local e internacional.
Okinawa contra el gobierno central
El caso mas claro de estas nuevas vías japonesas, que suponen incluso una traición cultural, es lo que está llevando a cabo Masahide Ota, gobernador de la provincia de Okinawa. Ota ha desafiado al Gobierno de Tokio, apelando sus hasta ahora todopoderosas decisiones. Los habitantes de Okinawa desean que las bases americanas, que actualmente ocupan un cuarto de la superficie de la provincia, abandonen las islas o, en el peor de los casos, sea Japón en conjunto el que asuma los costos sociales y económicos de su mantenimiento. En otras palabras, los okiwanenses se niegan a seguir cargando sobre sus espaldas y su territorio casi la totalidad del peso militar desplegado por los EEUU para el resguardo de Japón y el cuidado de sus intereses en esta zona del Pacífico.
Muchos ciudadanos se quejan de que no pueden hacer uso de su propia tierra, porque ésta ha sido alquilada automáticamente por el Gobierno, impidiendo su desarrollo económico. Están también escandalizados por las violaciones a menores de edad, cometidas por soldados estadounidenses y que gatillaron una movilización social masiva; cansados de la contaminación acústica y la actividad militar desarrollada en las islas. Algunos creen que el desmantelamiento de las bases y la retirada norteamericana del suelo de Okinawa significará un declive económico. No obstante, la crítica de la gran mayoría de los habitantes de Okinawa apunta al reconocimiento por parte del gobierno central de su autonomía étnica-cultural y económica. Sólo persiguen, en buenas cuentas, un mayor grado de control sobre las políticas de la provincia.
Con todo, el gobernador Ota se ha negado este año a firmar las expropiaciones temporales de terreno para su uso militar y ha empujado al Primer Ministro Hashimoto a recurrir al poder dirimidor de la Corte Suprema, donde hoy se debaten estas cuestiones.
Monumento a la Paz, Okinawa. © A.E.
Como decíamos, este enfrentamiento entre el gobernador de Okinawa y Tokio era hasta hace poco impensable en este país. La cultura japonesa nos enseña que este tipo de asuntos se negocia de manera secreta, con el fin de mantener la armonía y evitar perder la cara en el exterior. Japón es un país muy preocupado de su imagen en el extranjero; le gusta sobremanera lavar la ropa sucia en casa, pero las cortes no son, precisamente, las tintorerías donde se blanquea la imagen, por lo que la afrenta okiwanense ha removido el piso del gobierno silencioso de Tokio, que siempre ha preferido las salidas consensuales.
Hemofílicos contra todos
No tan claro es el caso de las querellas presentadas por los hemofílicos contagiados con el virus de inmunodeficiencia humana (HIV) y sus sobrevivientes. La opacidad se debe a que las responsabilidades disminuyen en relación directamente proporcional a la cantidad de estamentos, funcionarios estatales y ejecutivos de corporaciones privadas involucrados y a la nebulosa forma de interacción que existe entre lo público y lo privado bajo el esquema burocrático japonés.
Alrededor de dos mil hemofílicos japoneses contrajeron el HIV. Mas de ochocientos sufren el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y cerca de cuatrocientos han muerto a causa de esta enfermedad. Las razones del contagio son por todos conocidas, no así la oscura madeja de intereses económicos de cinco grandes firmas que comercializaban plasma infectado, el pasado de los fundadores de una de esas corporaciones farmacéuticas y la negligencia, complicidad o corrupción del Ministerio de Salud y Bienestar japonés. Etsuko Kawada, madre de un joven hemofílico de veinte años que fue infectado con HIV, siendo aún menor de edad, lo expresa claramente: "Sin conocer la verdad, no podemos cambiar el sistema de administración sanitaria, ni crear una sociedad que dé prioridad a la protección de la vida y salud humanas".
La estrategia que 457 de estos hemofílicos, o los familiares que les han sobrevivido, viene desarrollando, ha comprendido dos frentes: obtener indemnizaciones por parte de las farmacéuticas que comercializaron plasma infectado, sabiendo el riesgo que esto suponía para los receptores, hemofílicos o no; y el ataque frontal a la Comisión Investigadora del Sida del Ministerio de Salud, que tuvo a su cargo, desde 1983, la investigación de la enfermedad y los productos sanguíneos.
La demanda judicial presentada por las víctimas en contra de las farmacéuticas y el gobierno finalizó en marzo pasado con un fallo a su favor. Las cinco firmas farmacéuticas y el gobierno deben pagar unos 40.000 dolares a cada uno de los contagiados y una indemnización mensual adicional de 1.400 dólares para cubrir gastos médicos. "No obstante, nuestros sentimientos no han sido aliviados sólo porque ganamos la demanda. Debemos continuar luchando hasta que encontremos la verdad detrás del desastre", añade Etsuko Kawada.
Sin embargo, la búsqueda de la verdad enfrentará trabas casi insalvables. La semana pasada, los querellantes se quejaban de los testimonios evasivos emitidos por el ex jefe de la Comisión y más connotado experto en hemofília de los años ochenta, Takeshi Abe, y dos de sus miembros en sendas declaraciones juradas ante un comité investigador de la Cámara Baja.
Días antes de los evasivos testimonios, Takeshi Abe, de ochenta años, anunciaba su propia querella por difamación contra los medios de comunicación, particularmente contra el diario Mainichi, en una inédita conferencia de prensa en que el anciano sermoneó a los periodistas: "Ustedes no oyen lo que digo. Sólo me culpan por la muerte de tanta gente. La culpa es de ustedes. Soy un anciano de ochenta años y ustedes, gente joven, me estan cazando como si yo fuera una bruja".
Las dudas que se levantan en torno de la actuación de Takeshi Abe están bien fundadas. Abe tenía una estrecha relación con Ryoichi Naito, uno de los fundadores de Cruz Verde (Midori Juji), firma farmacéutica que comercializó el plasma infectado, aun conociendo los riesgos. Es más, en momentos claves cuando la Comisión consideraba reemplazar el plasma infectado e introducir un producto tratado térmicamente y que ofrecía mayor seguridad, Naito invita a Abe y a otros médicos de la comisión a una conferencia internacional sobre hemofília en Suecia, gastos pagados. A su regreso a Japón, la comisión de Abe recomienda no prohibir el uso del plasma infectado; tampoco decide aprobar el nuevo plasma tratado térmicamente. La aprobación tardó en Japón 28 meses más desde que el uso de ese tipo de productos fuera dado de alta en EEUU.
Juzo Matsuda, uno de los miembros de la comisión, colega de Abe en la Universidad de Teikyo, donde el anciano ocupaba el cargo de vicepresidente, está seguro de que altas esferas del Ministerio de Salud ejercieron en 1983 una presión indebida para evitar el conocimiento público del primer paciente del país que contrajo el sida y las verdaderas razones del contagio: el tratamiento con plasma infectado. Matsuda todavía no se explica por qué el Ministerio se negó a prohibir la importación de plasma infectado. El mismo Abe reconoce que el paciente tenia sida: "En varias oportunidades le señalé al grupo de estudio que lo reconociera como el primer caso de sida de Japón, pero se negaron a ello". El anciano, a pesar de haber sido el jefe de la Comisión señala que "como cabeza del grupo, no podía hacer prevalecer mi opinión". Se sospecha que el Ministerio quizo desviar la atención, anunciando en marzo de 1985 que el primer paciente de sida del país era un hombre homosexual que había vivido largo tiempo en EEUU y que había contraído el HIV por vía sexual. De haberse dado a conocer públicamente, en 1983, el primer caso, la comunidad médica podría haber tomado algunas medidas y haber evitado la infección.
Quizás las explicaciones que no encuentra Matsuda provengan de hechos aún más oscuros que los anteriores. Los fundadores de la firma farmacéutica Cruz Verde fueron discípulos del director de una unidad del Ejército Imperial japonés, Shiro Ishii, que participó en la investigación, elaboración y utilización de armas bacteriológicas durante la colonización de Manchuria y en la Segunda Guerra Mundial.
La Unidad 731, como se la conoce, utilizó "cobayas humanas": prisioneros chinos, coreanos, rusos y hasta norteamericanos. Sus investigadores tomaron la vida de más de tres mil seres humanos en experimentos mortales horrorosos que permitieron a una gran cantidad de doctores militares y civiles desarrollar tecnología médica avanzada en epidemiología y transfusiones de sangre. Después de la derrota y la ocupación americana, EEUU perdona a los criminales de guerra a cambio de sus secretos médico-militares, cerrando momentáneamente un capítulo de atrocidades y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Para la guerra de las Coreas, los discípulos de Ishii fundan una compañía dedicada a vender sangre para transfusiones y otros productos afines a las tropas estadounidenses desplegadas en la península coreana. Nace la empresa que más tarde se llamaría Cruz Verde, con filial en EEUU. De otro lado, muchos de los médicos que participaron en las investigaciones de la Unidad 731, obtienen puestos y cargos en los laboratorios de prestigiosas universidades, como la Universidad de Tokio, u organismos oficiales, como el Instituto Nacional de Salud, dependiente del ministerio del ramo.
Por último, las dudas también se centran en las donaciones, inusualmente engordadas, efectuadas, en los años 1983 y 1985, por Cruz Verde al Partido Liberal Democrático; que en aquel tiempo disfrutaba de una hegemonía sin contendientes en el Parlamento y hoy es pieza fundamental de la coalisión de gobierno.
Costará bastante desenmarañar la trama que permitió que no se prohibiera el empleo de plasma infectado en Japón, a pesar de los esfuerzos de las víctimas. Las evasivas de Abe, tales como "yo creía que la Comisión se había formado para investigar académicamente el sida, no para adoptar medidas administrativas", o "como cabeza del grupo de estudio no podía hacer prevalecer mi opinión", sólo ayudarán a evitar que los verdaderos responsables sean desenmascarados.
Sin embargo, a través de este proceso, los japoneses podrán ver, como en una especie de radiografía del verdadero enfermo, los peligros que conlleva la mantención de una burocracia que está más al servicio de una oligarquía, que de la gente. Tanto lo que está sucediendo en Okinawa, como esta inédita movilización de las víctimas contagiadas con HIV, nos demuestra que los japoneses se han cansado de mantener el tradicional silencio y que habrá más enfrentamientos entre Japón y su burocracia, o como dice la madre de una de las víctimas: "No habrá democracia verdadera si la gente rechaza a aquellos que tienen diferentes opiniones y valores. La gente ha comenzado a cuestionarse el actual sistema social, en el que los fuertes son favorecidos en desmedro de los débiles".
Osaka, 1 de agosto de 1996